La Secretaría de Cultura (SC) no se instituyó con el objetivo de reconocer y garantizar a los ciudadanos el disfrute pleno de los derechos culturales, pese a que están incluidos en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expuso el profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Nivón Bolán.
El doctor en Antropología, adscrito al Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa y miembro de Sistema Nacional de Investigadores, nivel II, sostuvo que esto consta en los documentos presentados ante el congreso para justificar su creación.
“El articulado de la Ley no mencionó los derechos culturales. El proyecto, simplemente, transfiere a la nueva secretaría las atribuciones que en materia de cultura tenía la Secretaría de Educación Pública (SEP)”.
De hecho “en su elaboración no hubo reflexión sobre la importancia de la cultura, la relevancia del cambio y el enfoque que debería tener”. Pero se espera que el derecho a la cultura sea integrado en la Ley General de Cultura como resultado de los foros y de las mesas de análisis que han ponderado su trascendencia.
Los derechos culturales universalmente reconocidos son: el derecho a la identidad, al pluralismo, al acceso de los bienes culturales, a la participación en la elaboración de las políticas culturales y a la cooperación cultural, entre otros.
En entrevista el especialista en movimientos sociales, políticas culturales y cultura urbana consideró que se desconoce cuánto tiempo tomará para que la SC se consolide como una nueva institución. “Es difícil crear una secretaría cuando las condiciones económicas no son de expansión, y el presupuesto no crece”.
Por otra parte “no se han creado las condiciones adecuadas para contar con un personal dedicado a plenitud a sus tareas, pues hay condiciones de precariedad laboral, empleados con contratos temporales, limitados y con inseguridad en el empleo”.
En ese ámbito la apuesta del nuevo aparato cultural deberá planear cómo dar cabida al paradigma de la diversidad. Pero en la forma como se aprobó la Ley que le dio origen, se muestra que “es un aparato muy poco dispuesto al diálogo, que tiene temor a la participación”.
El centro de la política cultural tiene que ser “el respeto a la identidad de los diversos grupos sociales, el apoyo a la difusión y preservación de la identidad a partir de múltiples estrategias, y a la capacidad de vincular la cultura con los procesos sociales, políticos y económicos de desarrollo”.
Ahora no bastará con una política centrada en la producción de bienes y servicios, sino con garantizar “el ejercicio de un derecho, porque la cultura es un derecho ciudadano”.
Además para ser una Secretaría de Cultura moderna debe ser participativa, “pero el aparato público no está dispuesto a abrirse a la participación, a escuchar cuestiones diversas, precisamente por el nivel de cuestionamiento a la legitimidad del Estado”.
En su opinión se trata de un proyecto en construcción a largo plazo con la aspiración de contar con un aparato y una política consistente, coherente e integral para el fomento de la cultura.
El papel que deberán asumir los actores culturales tendrá que ser el de vigilancia y participación. Se han vertido ideas muy positivas en el proceso para ser tomadas en cuenta.
Respeto de la responsabilidad de los diversos niveles de gobierno, el antrópologo señaló que “es peligroso que se establezca una política uniforme. No estamos en tiempos de uniformidad en la cultura, ni para establecer obligaciones uniformes para los estados y municipios”.
De hecho, agregó, cuando se tengan metas claras de financiamiento a los proyectos culturales estatales debe exigirse a los estados que incrementen sus presupuestos.
Para el doctor Nivón Bolán tener una SC es positivo, los retos son grandes, pero se está en mejores condiciones que con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), ya que se deja atrás el debate de los vacíos legales.
Calificó de “valioso” que el aparato rector de la cultura haya alcanzado el máximo nivel en nuestro sistema de organización de la administración pública.
“Es positivo el debate alrededor de la Ley que dio su origen, pero tal vez esto no baste para tener un proyecto exitoso y cumplir con las expectativas de muchos de los actores culturales, pero es un buen punto de partida”, apuntó.
Su creación es resultado de que el aparato dirigente del Conaculta considerara oportuno tener autonomía como Secretaría de Estado para el desarrollo óptimo de sus funciones, particularmente en lo que respecta al ejercicio del presupuesto.
Asimismo un amplio sector de los actores culturales estimó conveniente que el gobierno mostrara, como señal institucional, que reconocía la relevancia de la cultura.
Del 12 al 22 de julio pasado se realizó el Seminario virtual: políticas públicas e institucionalidad cultural. Tres experiencias latinoamericanas para reflexionar sobre la relación entre institucionalidad cultural y políticas culturales, el papel de los actores culturales, la responsabilidad de los diversos niveles de gobierno en la materia y evaluar políticas públicas culturales con respecto a la creación de la SC por parte del gobierno federal.
El doctor Eduardo Nivón Bolán participó con la conferencia: Institucionalidad y política cultural. Una visión general, también se analizaron los casos de Brasil, expuesto por el doctor Albino Canelas Rubim; de Argentina, por la doctora Mónica Lacarrieu, y de Chile, por el doctor Mauricio Rojas.
